Juicio del hermano del PM español entra en fase de sentencia tras testimonios contradictorios
Un tribunal de Badajoz pesa un único informe de inteligencia policial contra aproximadamente cincuenta declaraciones de testigos en un caso que ha ensombrecido el gobierno de Pedro Sánchez.
El juicio por fraude de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, pasó a su fase de sentencia esta semana después de que la Audiencia Provincial de Badajoz cerrara la vista oral. No se espera que la sentencia llegue antes de finales de julio y podría retrasarse hasta septiembre dado el volumen de trabajo del tribunal, dejando un caso políticamente cargado en suspenso legal durante el verano.
David Sánchez ha sido acusado de ocupar un puesto de coordinación cultural financiado con fondos públicos en la Diputación de Badajoz que los críticos alegan fue creado para proporcionarle un salario y prestaciones sin deberes sustantivos. Los fiscales y los acusadores particulares han confiado en gran medida en un informe compilado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como fundamento probatorio esencial del caso en su contra.
La tensión central ante el tribunal es si ese documento de la UCO supera el conjunto de declaraciones escuchadas durante el juicio. Los testigos de la defensa —cerca de cincuenta según los reportes sobre los procedimientos— cuestionaron las conclusiones del informe, ofreciendo relatos que la defensa argumentó que exponen debilidades en la narrativa de los acusadores.
El País, que en general ha ofrecido una cobertura más medida del caso, planteó la deliberación como una cuestión legal directa: si el tribunal dará precedencia al informe de inteligencia policial o a los testimonios surgidos en el juicio, señalando que las declaraciones de testigos cuestionaban los fundamentos del documento.
El Mundo, cuya cobertura ha sido más incisiva en su caracterización del acusado, destacó lo que describió como piezas clave de la prueba fiscal: correos electrónicos interceptados, actas que alegó habían sido alteradas, testimonio de un testigo descrito como solicitante de un puesto, y detalles sobre un arreglo de vivienda vinculado al acusado. El medio enfatizó estos elementos como centrales a las acusaciones.
El caso se convirtió en un elemento recurrente en el debate político español debido a la relación familiar del acusado con el primer ministro. Los partidos de oposición, particularmente el Partido Popular, han utilizado repetidamente los procedimientos para presionar al gobierno sobre cuestiones de nepotismo y el uso de recursos institucionales regionales. El gobierno y el primer ministro han negado consistentemente cualquier irregularidad y han caracterizado el caso como políticamente motivado.
La Diputación de Badajoz, un organismo administrativo provincial, es gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, el propio partido de Pedro Sánchez. Esa conexión ha hecho que el caso sea un punto recurrente de fricción entre la coalición gobernante y la oposición de centro-derecha durante toda la actual legislatura.
Con el tribunal ahora en deliberación, el resultado y su calendario permanecen inciertos. Una sentencia a finales de julio llegaría durante la temporada política de descanso de España; una retrasada hasta septiembre coincidiría con la reanudación del parlamento y el gobierno enfrenta un nuevo calendario legislativo otoñal, amplificando cualesquiera consecuencias políticas que conlleve la sentencia.